La compleja y larga negociación para reformar la Ley de Seguridad Ciudadana, la conocida como ley mordaza, enfila su tramo final aún con diferencias significativas entre los seis grupos parlamentarios ―PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, EH Bildu y Junts― que intentan alcanzar un acuerdo. El último escollo son seis artículos en los que, desde que estos partidos crearon el pasado marzo un grupo de trabajo para consensuar un texto que llevar al pleno del Congreso, no han conseguido pactar, según confirman a EL PAÍS fuentes conocedoras del contenido de las negociaciones. De ellos, tres son los que provocan mayores discrepancias, según las mismas fuentes. Se trata de los que recogen la utilización por parte de la Policía del material antidisturbios y, en concreto, de las pelotas de goma para hacer frente a las algaradas callejeras (artículo 23); el que fija las sanciones por faltas de respeto a los agentes (artículo 37.4), y el que avala los rechazos en frontera, conocidos como devoluciones en caliente, de migrantes en las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla (disposición adicional décima).

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