Los grupos del Gobierno ya tienen perfilada su reforma exprés del delito de malversación, pensada para dar una respuesta política al panorama judicial al que se enfrentan sobre todo los independentistas que estuvieron en el corazón del procés y aún no han sido procesados, en especial los segundos niveles. El PSOE y Unidas Podemos presentarán este lunes una transaccional a la enmienda que registró el viernes ERC en el Congreso, en la que se crea un nuevo delito, como adelantó La Vanguardia, en el que se rebaja la pena a la que se enfrentaban los dirigentes del procés encausados por malversación, que pasa de una máxima de 6 a 4 años ―uno más que los tres que proponía ERC―, pero se garantiza que en ningún caso quedará impune esa desviación de fondos públicos para el referéndum ilegal. La redacción de la enmienda, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, deja claro que se castigarán con esas condenas el desvío de dinero “si resultare daño o entorpecimiento graves del servicio al que estuviere consignado”. Y esto, según los grupos que lo proponen, incluye sin duda a los dirigentes del procés por las grandes cantidades de dinero desviadas, de hasta 2,3 millones de euros.

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El texto de la enmienda de PSOE y Podemos

Se introduce un nuevo artículo 433 con la siguiente redacción:
Artículo 433.
La autoridad o funcionario público que, sin estar comprendido en los artículos anteriores, diere al patrimonio público que administrare una aplicación pública diferente de aquélla a la que estuviere destinado, incurrirá en las penas de prisión de uno a cuatro años e inhabilitación especial de empleo o cargo público de dos a seis años, si resultare daño o entorpecimiento graves del servicio al que estuviere consignado, y de inhabilitación de empleo o cargo público de uno a tres años y multa de tres a doce meses, si no resultare.