La derecha política (PP) y la derecha judicial del Tribunal Constitucional se aliaron este miércoles para intentar suspender in extremis la tramitación de algunas de las reformas legales que el Congreso de los Diputados tiene previsto aprobar hoy por mayoría absoluta. Esas reformas legales facilitarán la renovación del Constitucional, que mantiene a cuatro de sus magistrados, entre ellos el presidente, con el mandato caducado desde hace seis meses. Esa renovación pendiente permitirá cambiar, como ocurre en democracia cada cierto tiempo por pura aplicación de la Ley, el sesgo político del tribunal de garantías, que durante los últimos nueve años ha tenido una mayoría absoluta de magistrados conservadores elegidos a propuesta del PP.

Seguir leyendo