El pleno del Tribunal Constitucional del pasado lunes, que se alargó durante más de diez horas, supuso un constante cruce de argumentos, réplicas y contrarréplicas entre los magistrados de los dos sectores en los que está partido en este momento el tribunal: conservador y progresista. Según los primeros, el recurso del PP debía ser admitido a trámite porque las enmiendas que el PSOE y Unidas Podemos estaban intentando tramitar con el objetivo de desbloquear la renovación del propio tribunal podían entrañar una reforma indirecta de la Constitución, en la medida en que implicaban que aquel pudiera renovarse parcialmente —incorporando solo a los dos magistrados designados por el Gobierno— y no por tercios enteros como establece la Ley Fundamental. Los progresistas, por su parte, denunciaron reiteradamente que el pleno estaba discurriendo “plagado de irregularidades”, según fuentes del tribunal: desde la deliberación en pleno a la votación sobre los magistrados recusados, pasando por la propia urgencia de la admisión a trámite del recurso.

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