La primera reunión en 10 meses de la ponencia para la reforma de la ley de seguridad ciudadana, la conocida como ley mordaza, confirmó que los partidos favorables a modificar la norma aprobada por el PP en 2015 han hecho oídos sordos a las críticas de los sindicatos policiales a los cambios anunciados. De la veintena de puntos, de cinco artículos, que los grupos parlamentarios han analizado este miércoles, el que más ampollas levanta entre los agentes es la nueva redacción del 36.23, que dejará sin sanción la toma y difusión de imágenes mientras desempeñan su actividad policial. De aprobarse finalmente la reforma, esto solo será sancionable cuando “el uso de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cuando genere un peligro cierto a su seguridad personal o familiar o la de las instalaciones protegidas o haya puesto en riesgo el éxito de una operación”.

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