Durante 40 años, los periodistas que eran impelidos por un juez o fiscal a revelar sus fuentes apelaban al artículo 20 de la Constitución, que consagra el derecho fundamental a “comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión” y ampara el “secreto profesional”. Esa mera invocación resultaba, la mayoría de las veces, suficiente para que el instructor encaminase sus pesquisas por otro camino. Sin embargo, en diciembre de 2018, el juez de Palma Miquel Florit ordenó decomisar los teléfonos móviles y ordenadores de dos periodistas de Europa Press y Diario de Mallorca para averiguar el origen de una filtración sobre el caso Cursach, la supuesta trama de corrupción en la que aparecían implicados un empresario del ocio y policías locales. El juez Florit acabó sentándose en el banquillo y el Constitucional reconoció que había vulnerado los derechos fundamentales de los periodistas, pero este caso encendió todas las alarmas.

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