El último movimiento del juez Pablo Llarena, instructor de la causa del procés, ha puesto en riesgo el refugio en Bélgica del expresident Carles Puigdemont y ha alejado, a la vez, la posibilidad de que vuelva de forma voluntaria a España. La reforma legal del Gobierno ―que ha derogado el delito de sedición y reformado el de la malversación― había abierto una ventana de esperanza para el líder independentista. Su entorno pensaba en 2023 como el año de su regreso y había especulado, incluso, con la posibilidad de que la rebaja de penas prevista le permitiera sortear la prisión provisional. Ahora, ese escenario optimista se ha desvanecido. El auto del juez Llarena, que le retira el delito de sedición pero le atribuye uno de malversación que implica severas penas de cárcel, incrementa las posibilidades de que Puigdemont sea entregado por las autoridades de cualquier país europeo al poner en riesgo su estatus en Waterloo, donde permanece huido desde 2017.

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