La Fiscalía ha remitido este miércoles al Tribunal Supremo su petición de revisión de condenas de los líderes del procés independentista catalán que fueron juzgados en 2019, tras la reforma penal aprobada por el Gobierno el pasado diciembre. En su escrito, los fiscales que lideraron la acusación en aquel juicio solicitan que se mantenga íntegra la pena de inhabilitación para ejercer cargo público a los cuatro exmiembros del Gobierno catalán que fueron condenados por sedición y malversación: Oriol Junqueras (13 años; es decir, hasta julio de 2031), Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa (los tres, condenados a 12 años). Por el contrario, la Fiscalía considera que debe rebajarse el tiempo de inhabilitación impuesto a quienes fueron condenados por sedición pero no por malversación: la expresidenta del Parlament Carme Forcadell (de 11 años y medio pasaría a 9 años y dos meses), los exconsejeros Quim Forn y Josep Rull (de 10 años y medio pasaría a 8 años y dos meses) y, sobre todo, los activistas Jordi Sànchez y Jordi Cuixart (de 9 años a 5).

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