El ambiente debía ser festivo, pero el escepticismo campaba a sus anchas en Sacedón (Guadalajara) el miércoles pasado. “Nos han hecho tantas promesas en los últimos 40 años que ya no sabemos cuántas veces nos han engañado, ¡perdimos la cuenta!”, contaba Julián Palomino, de 84 años, mientras se calentaba al sol en la plaza de la Constitución, el día después de que el Gobierno aprobara una reducción significativa del trasvase Tajo-Segura que ha puesto en pie de guerra a los regantes de Alicante, Murcia y Almería. “¡Cómo vamos a fiarnos, si primero nos quitaron las mejores tierras para los embalses a cambio de nada y luego nos llevaron el agua!”, interrumpía constantemente otro paisano, reacio a identificarse, a la entrada de la Asociación Recreativa y Cultural de Jubilados y Pensionistas. La misma atmósfera precavida y recelosa era la predominante en otros municipios de Guadalajara y Cuenca que se reparten alrededor de los embalses de Entrepeñas y Buendía, en la cabecera del Tajo, la zona cero de los principales damnificados por el trasvase que riega el sureste español. “Llevamos muchos años de lucha y, ahora que parece que la situación puede mejorar algo, pues la gente está como que no se lo cree”, explica María Ángeles Sierra, de 63 años, alcaldesa de Cañaveruelas (PSOE) desde 2019 y presidenta de la Asociación de Municipios Ribereños, que engloba a 22 ayuntamientos socialistas y del PP.

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