Con la capucha cubriendo su cabeza y una bufanda alrededor del cuello, Abdul miraba en la mañana de este lunes cómo una excavadora derribaba el poblado chabolista en el que reside desde 2015 a las afueras de Níjar (Almería). Lo hacía desde el arcén de una carretera tomada por la Guardia Civil y con una bolsa de plástico con ropa a sus pies. “Son mis únicas pertenencias. No sabemos dónde vamos a ir ahora”, decía el treintañero, que trabaja en los invernaderos de la zona en cultivos de tomate, pimiento y calabacín. Es lo que hacen también las decenas de compatriotas que, como él, han sido expulsados esta mañana del asentamiento conocido como El Walili, ubicado junto a la carretera hacia San José y donde residían alrededor de 450 personas migrantes. El desalojo, aprobado por los tribunales, ha sido una iniciativa del Ayuntamiento de Níjar, gobernado por la socialista Esperanza Pérez.

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