La Fiscalía Superior de Cataluña ha pedido elevadas penas de cárcel para dos dirigentes de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y ex altos cargos de la Generalitat, considerados los arquitectos del referéndum ilegal de independencia del 1-O en 2017. El fiscal reclama 7 años de cárcel y 32 de inhabilitación para el diputado republicano Josep Maria Jové, y otros 6 años y 3 meses de prisión, además de 27 años de inhabitación, para el actual presidente del Puerto de Barcelona, Lluís Salvadó. Las altas penas de prisión son consecuencia de la atribución a ambos de un delito de malversación agravada. La tercera acusada en esta causa, la actual consejera de Cultura, Natàlia Garriga, afronta una petición de un año de inhabilitación por desobediencia. Con estas peticiones de la Fiscalía, la estrategia de ERC de atenuar las consecuencias legales del procés mediante la reforma del Código Penal, una estrategia acordada con el Gobierno de Pedro Sánchez, sufre un nuevo revés. Tras conocer la petición fiscal, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha denunciado que “el sistema judicial no imparte justicia, sino venganza contra el independentismo”, y ha recordado que “trabajar por la libertad de Cataluña y defender las urnas y la democracia no es delito”.

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