El relato que presuntamente urdió Raúl Díaz Cachón para hacer creer a la familia de su mujer, Romina Celeste Núñez, que ella se había ido de casa tras una discusión se vino abajo en pocos días. El hombre presuntamente mató y descuartizó a su esposa el 1 de enero de 2019 en Lanzarote y entró en prisión preventiva el día 13 de ese mes. Pero la eficacia con la que arrancó la investigación se fue desinflando hasta perderse del todo en un galimatías de informes periciales, estudios psicológicos y pruebas eternas que, cuatro años después, han obligado a poner al sospechoso en libertad tras haber cumplido el tiempo máximo que un acusado puede pasar encarcelado a la espera de sentencia. El caso de Lanzarote es el último que ha saltado a los medios como ejemplo de retrasos judiciales de difícil justificación, pero las llamadas “dilaciones indebidas” son uno de los atenuantes más habituales que acaban reduciendo el castigo en los procedimientos penales y uno de los motivos más recurrentes de queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

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