El juez Manuel García Castellón detalló hace más de un año, en el auto de apertura de procedimiento abreviado del denominado caso Kitchen, todos los indicios acumulados durante cuatro años de investigación sobre esa presunta operación de guerra sucia ejecutada por la cúpula política y policial del Ministerio del Interior —bajo Gobierno de Mariano Rajoy— para obstaculizar las pesquisas judiciales sobre la caja b del PP. Según esa investigación, durante al menos dos años (de junio de 2013 a junio de 2015) Interior puso en marcha una operación, pagada con fondos reservados y en la que participaron media docena de comisarios, para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas y a su familia, con la intención de sustraerle documentación que pudiera comprometer al Gobierno de Rajoy en relación con la financiación ilegal del partido que investigaba un juzgado de la Audiencia Nacional.
Especial | El espionaje a Bárcenas, desde dentro
La investigación judicial ha acreditado, a través de diversas pruebas incluidas en el sumario y los testimonios de la cúpula policial, el plan para espiar a Bárcenas sin control judicial
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