El Tribunal Supremo ha puesto este viernes al diputado del PP Alberto Casero a un paso del banquillo. El magistrado Andrés Palomo ha dado por terminada la instrucción que mantenía abierta contra el parlamentario popular por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos en relación con cinco contratos de servicios, patrocinio o convenios firmados cuando era alcalde de Trujillo (Cáceres) en 2017 y 2018, en los que supuestamente, se saltó los procedimientos administrativos legales. En su auto, el instructor da diez días de plazo al fiscal para que solicite la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación o pida el sobreseimiento.

Seguir leyendo