La Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual se publicó el 6 de septiembre de 2022 en el Boletín Oficial del Estado, entró en vigor el 7 de octubre y el 15 de noviembre fue el primer día de un goteo de rebajas de penas y excarcelaciones a reos de delitos sexuales tras las revisiones de sus condenas, con criterios dispares, por parte de los tribunales. Desde el primer momento, esas cifras —que ascienden a 721 reducciones y 74 salidas de prisión según los últimos datos, provisionales, del Consejo General del Poder Judicial—, amenazó a la coalición. La tensión por qué solución dar a aquello que desde el Ejecutivo siempre se ha calificado como “efectos indeseados” ha sido otro gran terremoto, junto a la llamada ley trans, para los socios del Ejecutivo. Aquí, una breve cronología de ese desgaste que dura ya casi cuatro meses.

Seguir leyendo