El Ministerio del Interior ha sometido a una profunda actualización la herramienta que utiliza desde hace cinco años para detectar y prevenir el radicalismo violento de naturaleza yihadista dentro de las cárceles españolas, según se recoge en una orden de servicio confidencial de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias a la que ha tenido acceso EL PAÍS. Entre los cambios introducidos, está el incremento del número de los indicadores que los expertos de prisiones utilizan para determinar la peligrosidad de estos internos, que pasan de los 39 que había hasta ahora a 63. Además, se aumenta la frecuencia con la que se hacen estas valoraciones, que pasan de semestrales a cuatrimestrales. Y, como principal novedad, se contempla que todos los reclusos yihadistas sean sometidos a un estudio final sobre su radicalismo un mes antes de la fecha prevista para su excarcelación para evaluar el riesgo que supone su puesta en libertad.

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