El secuestro en febrero de este año de Vanessa Romero, concejal socialista de Maracena (Granada, 22.293 habitantes), ha derivado en tres investigaciones diferentes. La retención ilegal en sí misma, por la que hay un detenido en prisión provisional desde entonces. En segundo lugar, una investigación en la Sala Penal del Tribunal Superior Andaluz para que determine si se debe investigar una posible implicación en el secuestro del ex número tres del PSOE andaluz, Noel López; la ahora alcaldesa maracenera en funciones, Berta Linares; y el concejal de Urbanismo y mano derecha de ambos, Antonio García Leyva. Finalmente, la tercera investigación es una pieza separada para determinar si los dirigentes socialistas municipales cometieron presuntos delitos urbanísticos. Esta pieza se deriva de un informe de la Guardia Civil que, a pesar de concluir que la documentación en poder judicial “no es suficiente para determinar la existencia de irregularidades en su tramitación por parte del Ayuntamiento”, sugiere que esos documentos deben analizarse en contexto con el secuestro y la declaración de la secuestrada, por lo que “se desprende que en los siguientes casos puede haber irregularidades”. A continuación, el informe enumera cuatro convenios o acuerdos urbanísticos.

Seguir leyendo