Un terremoto político, con epicentro en Cataluña, sacudió la democracia española en el otoño de 2017, y sus efectos siguen condicionando el debate institucional y los programas electorales. La intentona del procés independentista fue desarbolada, legalmente en cuestión de horas —las que tardó el Gobierno en aplicar el artículo 155 de la Constitución e intervenir la autonomía— y judicialmente en cuestión de dos años: en 2019 cinco de los cabecillas de la declaración de independencia fueron condenados por sedición, otros cuatro por sedición y malversación y tres por desobediencia; el resto permanecen huidos de la justicia. Pero ahora queda gestionar el postprocés —sus líderes insisten en que antes o después habrá otro— y aclarar la relación que el Gobierno central debe tener con los nacionalismos en los distintos territorios. Esa cuestión sigue monopolizando el debate sobre el modelo territorial en España que, sin embargo, tiene otros muchos frentes abiertos desde hace décadas: las enormes desigualdades entre comunidades en la prestación de servicios públicos, el déficit en infraestructuras de transporte en algunas zonas o la despoblación del interior.

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PSOE

– Ley de Cohesión Territorial y fomento de la colaboración entre el Gobierno y las comunidades autónomas.
– Fomentar la relación entre las propias comunidades. El objetivo último debe ser
constitucionalizar los avances realizados hasta el momento, que vienen a reflejar la
progresiva descentralización del sistema y, paralelamente, el reforzamiento de los
instrumentos de cooperación.
– Aprobar en el plazo máximo de un año un nuevo sistema de financiación autonómica.
– Proponer que la inversión del conjunto de Administración Públicas en Sanidad sea como mínimo un 7% del PIB, en Educación del 5% y en Servicios Sociales del 2%.

PP

– Recuperar el delito de sedición en el Código Penal. Regular otras conductas de deslealtad de las instituciones dirigidas a poner en peligro la paz y el orden constitucional, ya sea mediante la convocatoria de referendos o consultas no autorizadas o maquinaciones dirigidas a socavar el crédito de España en la comunidad internacional. Recuperar la malversación en su formulación anterior a la reforma de 2022.
– Delimitar con mayor precisión el marco competencial de cada una de las administraciones, evitando los solapamientos innecesarios.
– Ley de Desarrollo Rural para garantizar los servicios básicos en las zonas más despobladas.

Vox

– Desmontar el sistema autonómico, poniendo fin a las duplicidades administrativas.
– Devolver al Gobierno central las competencias plenas en educación, sanidad y seguridad.
– Ilegalizar los partidos políticos, asociaciones u organizaciones de cualquier tipo que persigan la destrucción de la unidad territorial de la Nación y de su soberanía.
– Suspensión inmediata de la autonomía de aquellas comunidades cuyos gobiernos utilicen recursos e instrumentos del autogobierno regional “para atentar contra la unidad de España”.
– Garantizar la rápida conexión de cualquier núcleo rural con servicios públicos básicos como centros sanitarios o educativos.

Sumar

– Impulso de una mesa de diálogo entre el Gobierno del Estado y la Generalitat de Cataluña. Avanzar hacia un nuevo pacto territorial, votado por la ciudadanía de Cataluña.
– Acordar un nuevo modelo de financiación autonómica que incluya un suelo fiscal para prestar unos servicios públicos de calidad.
– Extender la promoción y uso de la pluralidad lingüística al conjunto del España, no solo a las comunidades autónomas con lengua propia.
– Servicios esenciales a no más de media hora. El objetivo de esta medida es que todos los habitantes del medio rural tengan acceso a los servicios esenciales en un tiempo
máximo de treinta minutos. Se trata de un objetivo a medio plazo.

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