Sobre la bocina llegó el acuerdo. Las negociaciones de la coalición progresista con los partidos independentistas catalanes transcurrieron los últimos días en una especie de montaña rusa, con bruscos frenazos cada vez que se intuía un acercamiento entre las partes. Junts per Catalunya lanzó reiterados avisos de que no iba a dar su brazo a torcer y, a última hora del miércoles, Esquerra levantó la voz para advertir de que, por su parte, la cosa tampoco estaba madura. El sentido del voto de los 14 escaños independentistas estuvo en el alero hasta que los intermediarios de Pedro Sánchez dieron garantías de cumplimiento de tres demandas indiscutibles para Junts y ERC: transigir con el uso del catalán en el Congreso, no poner trabas a una investigación parlamentaria para fiscalizar el caso Pegasus de espionaje a independentistas y, tampoco a una comisión sobre los atentados del 17 de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils. En la nebulosa queda cómo se abordará la pretendida amnistía para los afectados por causas judiciales vinculadas con el procés. Esquerra ha mandado un comunicado poniendo de relieve un supuesto compromiso para “el final de la represión relacionada con el 1-O” mediante las “vías legales necesarias”. Luego, ha enviado otra nota donde desaparecían las referencias a la ley de amnistía.

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