El pasado 25 de julio, el caso Pegasus —la supuesta interceptación masiva de móviles de líderes independentistas catalanes con un programa espía israelí en los años del procés— llegó por primera vez a la mesa del Consejo de Ministros. En su última reunión antes de las vacaciones, el Gobierno en funciones examinó la solicitud de desclasificación de información secreta elevada por la titular del Juzgado de Instrucción número 20 de Barcelona, quien investiga una denuncia por presunto espionaje presentada por el presidente del grupo parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en el Parlamento catalán, Josep María Jové, y la portavoz del mismo partido en la Eurocámara, Diana Riba.

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