El proceso independentista ha trastocado, en la última década, todas las esferas de la vida pública en Cataluña. Y ha alterado, en especial, la clase política. La ofensiva judicial en la que confió el Gobierno del PP para responder al desafío territorial se llevó por delante prácticamente a toda una generación de cuadros de Esquerra, de la CUP y de las sucesivas formaciones que han ocupado el espacio dejado por Convergència. La aprobación de una ley de amnistía —condición de Junts y los republicanos para investir a Pedro Sánchez— serviría antes que nada, tal como lo han verbalizado los independentistas, para rehabilitar a más de 60 electos y altos cargos procesados o condenados en causas vinculadas al procés. Esos dirigentes y cuadros medios del secesionismo han visto truncadas sus trayectorias políticas, en ocasiones de forma prematura, con penas de prisión, inhabilitaciones o multas.
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