El Partido Popular de Baleares ha exigido a Vox que retire la proposición de ley para la creación de una oficina de garantía de la libertad lingüística con la que pretende obligar al Gobierno regional, los Ayuntamientos y otras entidades públicas como la Universidad de las Islas Baleares a utilizar el castellano en sus documentos, certificaciones y señalética, bajo amenaza de sanciones de hasta 100.000 euros. El PP de las islas, que gobierna en solitario tras lograr el apoyo de la ultraderecha a cambio de la aprobación de determinadas iniciativas a lo largo de la legislatura, considera que el texto presentado por sus socios atenta contra el Estatuto de Autonomía y no ha sido “pactado o consensuado”. Fuentes de Vox han confirmado que no retirarán el documento, puesto que consideran que el trámite parlamentario permitirá incluir enmiendas de los distintos partidos políticos.

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