Ningún protocolo de contención de ningún centro de menores dice que para sujetar a un chico furioso se le deba tumbar boca abajo en un camastro mientras un vigilante le pone una rodilla en la cabeza y se la aplasta contra una almohada durante cuatro minutos (de reloj) y, al mismo tiempo, otros cinco vigilantes sujetan al menor y le esposan las manos a la espalda y le fijan las piernas con correas. Así lo hicieron, sin embargo —y así lo registraron las cámaras— con Iliass Tahiri (18 años recién cumplidos). El chico murió en esas circunstancias el 1 de julio de 2019 en el centro de menores Tierras de Oria (Almería), que gestiona la empresa Ginso (Asociación para la Gestión y la Integración Social) desde que ganó el concurso de la Junta de Andalucía en 2015, y pese a acumular denuncias, incidentes y muertes aplicando esa clase de técnicas en otros centros de España. Más de cuatro años después, la muerte de Iliass Tahiri sigue sin culpables y ahora el juez y el fiscal pretenden que se juzgue el caso como “un delito leve” y no como un “homicidio imprudente”, como lo calificó inicialmente la Fiscalía. “No queremos las indemnizaciones que nos han ofrecido, queremos justicia”, dice la familia del fallecido.

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