De los países europeos me temo que España es el que más se parece a la UE. Se reconozca o no oficialmente, es multinacional, al menos así se percibe desde algunas comunidades autónomas. Nuestro alto grado de autogobierno territorial permite, además, que algunas de ellas puedan operar como mini-Estados con personalidad política propia. Y no me refiero solo a Cataluña o el País Vasco, el Madrid de Ayuso ha fungido últimamente como el viejo Reino Unido en la UE, por ejemplo, que siempre trataba de no darse por aludido por algunas de las políticas europeas —nacionales, en nuestro caso—. Cataluña, por su parte, ha sido lo más parecido a Polonia y Hungría, subvirtiendo la prioridad de algunas leyes nacionales cuando no coincidían con el sentir de sus gobernantes, sobre todo en materia educativa. Además, nuestros órganos comunes son multilingües, el pinganillo opera ya en las Cortes tanto como en el Parlamento Europeo. Como observamos con la negociación de Sánchez para formar gobierno, los mayores obstáculos no son de índole ideológica, sino que atienden a intereses territoriales. Si estos se satisfacen, véase el caso del PNV o Junts —pero también el de Coalición Canaria o el de Teruel—, las discrepancias ideológicas pasan a un segundo plano. Lo mismo ocurre en la UE, el interés nacional por encima de cualquier otro criterio.

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