En plena negociación para la investidura de Pedro Sánchez, y con la vista puesta en una posible amnistía, el líder de Junts, Carles Puigdemont, ha vuelto a ganar tiempo ante el Tribunal Supremo para frenar la reactivación de la euroorden contra él. El instructor de la causa del procés, el magistrado Pablo Llarena, dio el 19 de septiembre 10 días al expresidente catalán y al exconsejero Antoni Comín —huido con él a Bélgica desde octubre de 2017— para que acreditaran si habían recurrido ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) la sentencia que el pasado 5 de julio les retiró la inmunidad parlamentaria como eurodiputados. El magistrado preguntaba, además, si las defensas de Puigdemont y Comín han pedido también la suspensión cautelar de ese fallo, y aquí estaba la clave del escrito del juez porque ninguno de los dos ha reclamado todavía al tribunal europeo que les devuelva inmunidad, por lo que carecen ahora de blindaje contra una posible detención y esto podía abrir la puerta a Llarena para volver a lanzar una euroorden contra ellos. Pero la defensa del expresidente y el exconsejero recurrió el plazo dado por Llarena y el instructor ha acordado suspenderlo mientras resuelve la impugnación.

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