La última resolución del juez Manuel García-Castellón sobre el caso Tsunami Democràtic, que ha supuesto la citación como imputado del expresident Carles Puigdemont, ha acelerado los tempos de una investigación que se abrió hace cuatro años. La Fiscalía ya trabaja en el recurso que prevé presentar contra la decisión del magistrado de mantener la causa en la Audiencia Nacional por terrorismo (un delito que el ministerio público no ve); mientras, las defensas se mueven para intentar echar abajo unas acusaciones que irrumpen en plenas negociaciones de la ley de amnistía. “Resulta inimaginable pensar que se hayan estado investigando como delito de terrorismo unas manifestaciones o protestas ciudadanas, por muy masivas o concurridas que hayan sido”, critica Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont y de Josep Lluís Alay, jefe de la oficina del expresident en Waterloo (Bélgica), en un escrito enviado este martes al juzgado.

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