Un informe jurídico de la secretaría general del Congreso de los Diputados concluyó en marzo de 2018 que sería constitucional una Proposición de Ley de Amnistía para perdonar a un número indeterminado de guardias civiles sancionados o condenados por reivindicar su derecho de asociación profesional. Es un antecedente relevante ante la reunión de la Mesa del Congreso que tendrá que estudiar, calificar y admitir a trámite este martes la proposición de Ley de Amnistía registrada la semana pasada en solitario por el Grupo Socialista para los encausados por el proceso independentista catalán. Los miembros de ese órgano (tres diputados del PSOE, dos de Sumar y cuatro del PP), que tomarán esa decisión política para que la norma inicie su largo camino parlamentario, tienen acceso a ese precedente jurídico a favor de 2018 pero también al informe elaborado por la misma secretaría general, en marzo de 2021, donde rechazaba una proposición similar de ERC, Junts, la CUP y el PDeCAT, para la amnistía de los mismos encausados.

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