En tiempos de crispación política y en pleno ciclo electoral, el poder judicial estaba llamado a ser el pilar estable del sistema. Pero la justicia ha entrado en combustión en 2023, asolada por incendios con múltiples focos que le han llevado a protagonizar una de las crisis institucionales más graves de la reciente etapa democrática. El poder ejecutivo y el legislativo lo han situado en medio de la actualidad con medidas como la proposición de ley de amnistía, los ataques a jueces por parte de representantes políticos o la falta de acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que ha cumplido cinco años con el mandato caducado. Pero los fuegos se han avivado también desde dentro con pronunciamientos y movilizaciones insólitas impulsadas, en casi todos los casos, por las asociaciones judiciales y fiscales conservadoras y por el CGPJ, liderado por un grupo de vocales propuestos por el PP que ejercen una oposición activa al Gobierno.

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