La abismal distancia de los últimos años entre la política catalana y el mundo empresarial ha vuelto a hacerse evidente este martes con la publicitada pretensión de Junts per Catalunya de sancionar a las empresas que se fueron a otras comunidades durante el momento álgido del proceso independentista y que no han regresado. El partido de Carles Puigdemont pretendía que los decretos que hoy se votarán en el Congreso incluyeran medidas de fomento para el regreso de estas compañías y también eventuales sanciones para las que no quieran hacerlo. El entusiasmo con el que el partido independentista explicó sus propuestas contrastó con la decisión de las grandes empresas de ignorar la propuesta y de la patronal catalana, Foment del Treball, de rechazarla frontalmente en un comunicado. El Govern catalán, monocolor y en manos de ERC, también se desmarcó de una idea que combinaba tanto la idea de dar incentivos fiscales a las compañías que regresen o a las que se mantuvieron, como llegar a plantear hasta multas a quienes no lo hicieran.

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