El PSOE ha entregado a Junts, para sacar adelante la primera votación clave de la legislatura, un compromiso para delegar a través de una ley las competencias en materia de inmigración a la Generalitat, pero la demanda es compleja y poco clara. Junts asegura que pretende que la Generalitat pueda expulsar a inmigrantes reincidentes, controlar los flujos migratorios o gestionar los permisos de residencia. Pero el Gobierno, sin negar tajantemente esos extremos para evitar un conflicto con un socio clave, rebaja las expectativas en público y en privado sobre esa posibilidad.

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