El acuerdo para que la Generalitat reciba las competencias en política migratoria alcanzado in extremis este miércoles entre el Gobierno y Junts a cambio de la abstención de los nacionalistas catalanes en el superpleno del Congreso para convalidar tres decretos leyes ha suscitado el rechazo casi unánime del resto de comunidades autónomas, que descartan solicitar la misma competencia. Tan solo el País Vasco, gobernado por el PNV, exige el traspaso —aún pendiente de conocerse los detalles— de esa materia en la misma medida en que se le conceda a Cataluña. Estas son las reacciones y la postura de los distintos territorios al anuncio de la transferencia.
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