La tramitación de la ley de amnistía ha encontrado en el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón un actor con el que no contaban los negociadores de la norma. El magistrado, que instruye desde hace cuatro años la causa de Tsunami Democràtic, en la que se investigan como delito de terrorismo las protestas posteriores a la sentencia del procés, se cruzó en la recta final de las conversaciones entre el PSOE y los independentistas imputando al expresidente catalán, Carles Puigdemont, uno de los principales beneficiarios de la medida de gracia y al que hasta entonces el juez no había señalado.
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