El titular del Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, ha prorrogado seis meses la instrucción de la trama rusa del procés, que implica, entre otros, al exresponsable de relaciones internacionales de Convergència Víctor Terradellas; al jefe de la oficina del expresident Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, y al informático Jaume Cabaní. El juez observa vínculos de personas del entorno de Puigdemont con diplomáticos extranjeros, e incluso la celebración de reuniones en la Generalitat en los días previos a la declaración unilateral de independencia de octubre de 2017. El relato del juez incide en que se realizaron maniobras para alterar la unidad territorial de España y para buscar alianzas con Rusia, lo que puede poner en jaque la aplicación de la amnistía al expresidente catalán si el avance de la investigación concluye que tuvo responsabilidades directas en la trama, bien por su propia participación o por órdenes a sus subordinados. El articulado de la proposición de ley de amnistía al procés excluye expresamente del perdón los “delitos de traición” y contra la paz del Estado o los delitos que afecten “a los intereses financieros de la Unión Europea”.

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