El texto de la proposición de ley de amnistía que debate este martes el Congreso de los Diputados es fruto de muchas horas de negociaciones entre el PSOE y los grupos independentistas catalanes con un objetivo común: aprobar una ley que garantice la medida de gracia a todos los encausados por el procés —más de 400, según cálculos de los negociadores— y que consiga el aval del Tribunal Constitucional y de la justicia europea cuando les toque pronunciarse sobre la norma. Ninguno de estos dos propósitos es renunciable para los socialistas y sus socios, pero aunarlos se está convirtiendo en un reto político y jurídico cuyo éxito nadie se atreve ahora a adelantar.

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