La tramitación de la ”Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña” es el proyecto que condicionará esta tensa legislatura, y sigue por el mal camino. En el pleno del martes, Junts votó en contra del texto que la semana anterior el partido ya había aprobado en la Comisión de Justicia, cuando consiguió que se introdujese un retoque patillero sobre ¡terrorismo! en el redactado de la ley con el propósito de regatear el siempre tan y tan oportuno auto dictado por el previsible magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón. Este último giro de guion en el Congreso de los Diputados, que define a una formación que hoy se caracteriza por actuar según la imprevisibilidad agónica (lo experimentamos ya el mes pasado en la inolvidable sesión celebrada en el Senado), no debería sorprender. Pero tampoco vale señalar únicamente a los alfiles de Carles Puigdemont en Madrid. El problema de la amnistía, que tensa por definición la cláusula de igualdad entre los ciudadanos en un Estado de derecho, es más profundo. Al margen de si tiene encaje constitucional o no, este radical proceso legislativo, que se ha querido tramitar de urgencia, sigue tocado por su origen espurio.

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