La junta de fiscales de lo Penal del Tribunal Supremo prevista para este martes, durante la que se estudiará el caso Tsunami Democràtic, se celebrará en medio de una gran tensión. Mientras la derecha política ha multiplicado sus maniobras para tratar de boicotear la ley de amnistía —que, hipotéticamente, beneficiaría al expresident Carles Puigdemont, investigado en ese sumario—, la tormenta ha estallado también en el ministerio público. Álvaro Redondo, el fiscal encargado de defender en el alto tribunal la propuesta que descarta la imputación del político catalán por terrorismo, tuvo que emitir este lunes un inaudito comunicado para desmentir que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, le diera “instrucciones” o “sugerencias” para defender esta postura. Lo hizo después de que el PP insinuase que la cúpula fiscal lo presionó, basándose en informaciones publicadas, que han sido negadas por Redondo y la Fiscalía General del Estado.

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