El mismo día en el que la Mesa del Congreso ha aprobado ampliar hasta el 7 de marzo el plazo para la negociación en comisión de la ley de amnistía, el PSOE y sus aliados han recibido como un bálsamo la respuesta enviada por la Oficina Federal de Justicia de Suiza al juez español Manuel García-Castellón. En esa respuesta, el departamento dependiente del Ministerio de Justicia suizo cuestiona la causa por terrorismo instruida por García-Castellón contra 12 personas, entre ellas el expresidente catalán Carles Puigdemont y la líder de ERC, Marta Rovira, prófugos de la justicia. Suiza se niega a facilitar al juez la localización de Rovira, duda de su implicación en los hechos y se remite a una respuesta anterior que ya envió al juez en 2020 y en la que no veía indicios de terrorismo en la causa. Todos los grupos parlamentarios que sostienen el Gobierno de Pedro Sánchez se han agarrado a ese comunicado, adelantado este martes por EL PAÍS, para insistir en su tesis de que en el procés independentista catalán “no hubo terrorismo”.

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