La decisión sobre Puigdemont seguirá en manos del Supremo pese a los cambios en la ley

La enmienda que ha desbloqueado la ley de amnistía pretende limitar el margen de interpretación de los jueces y garantizar la aplicación de la medida de gracia a todos los encausados del procés. Para ello, la ley lo fía todo al derecho europeo y se han eliminado todas las referencias al Código Penal español para los delitos de terrorismo, ya que la norma española contempla conductas (como los delitos graves contra el patrimonio) que quedan fuera de la directiva europea y pueden ser relevantes en investigaciones como la del caso Tsunami Democràtic. No obstante, fuentes jurídicas consideran que algunos de los hechos que se atribuyen a la plataforma que organizó las protestas contra la sentencia del procés pueden tener encaje en la directiva europea e incluso constituir una vulneración grave del Convenio Europeo de Derechos Humanos, la otra referencia normativa del texto aprobado este jueves. Si esta interpretación se impone, la aplicación de la medida de gracia seguirá encontrándose en los tribunales con obstáculos parecidos a los que se preveían con la anterior redacción.

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