El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha remitido este lunes una carta al Consejo General de la Abogacía Española en la que defiende la actuación del ministerio público en la investigación por presuntos delitos fiscales a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En el escrito, al que ha tenido acceso EL PAÍS, García Ortiz asegura que la Fiscalía “ha salvaguardado” su “deber de reserva” porque, en la nota de prensa difundida por la Fiscalía Provincial de Madrid sobre los contactos entre el ministerio público y el abogado de González Amador, solo se comunicaron “aquellos aspectos […] que resultaron indispensables para alejar cualquier sombra de sospecha sobre la actuación de los fiscales” de Madrid. García Ortiz recuerda que la existencia del pacto se había dado a conocer “anticipadamente” a la opinión pública por una “indeseable filtración”, en referencia al mensaje publicado el miércoles en la red social X por el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez. Este último reveló que la Fiscalía había contactado con la defensa de González Amador para comunicarle que ya había presentado la denuncia contra su cliente y, por tanto, podía acogerse a un acuerdo para reducir la pena que le correspondía.

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