La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tachó la inspección de Hacienda contra su pareja como “salvaje” y “sacada de quicio”, pero el informe de la Agencia Tributaria de 187 páginas revela que Alberto González Amador fue sometido a un procedimiento minucioso y garantista que se extendió durante año y medio. Para defenderse de la acusación de defraudar 350.951 euros, González defendió en un primer momento la veracidad de las facturas falsas que había empleado como gastos de su empresa Maxwell Cremona SL. Aportó pruebas y prestó testimonio ante los funcionarios de Hacienda. Pero estos, liderados por la inspectora M. desde Madrid, hicieron sus comprobaciones, entrevistaron a los otros implicados, revisaron los movimientos bancarios y pidieron información fiscal a países extranjeros. Demostraron que González no decía la verdad. Es más, los funcionarios e investigadores tachan la defensa de González de “divagaciones”, “mucha palabrería” o “explicaciones farragosas”.
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