El Tribunal de Cuentas está perfilando nuevos informes sobre los contratos suscritos por las administraciones públicas durante la primera fase de la pandemia de covid-19, y esos informes van a constatar la existencia de numerosas deficiencias, según apuntó este jueves la presidenta del órgano de fiscalización, Enriqueta Chicano. El organismo ha llegado a la conclusión de que en aquellos días de estallido de la pandemia, dada la premura por conseguir material sanitario ante la expansión del virus, se recurrió a “casi cualquier cosa” y se orillaron las exigencias de solvencia a las empresas suministradoras. El último de esos informes, a cuyo borrador ha tenido acceso EL PAÍS, recoge algún ejemplo del encarecimiento al que dio lugar esa situación de máxima emergencia: en la última semana de marzo de 2020, el Ministerio de Sanidad pasó de pagar 0,27 euros por mascarilla FPP2 a pagar 2,67 euros: diez veces más.

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