El magistrado Adolfo Carretero ha emprendido, a través de las pesquisas sobre los comisionistas Luis Medina y Alberto Luceño, una especie de auditoría sobre el procedimiento que rigió en el Ayuntamiento de Madrid durante la pandemia para comprar material sanitario. El juez no solo ha solicitado al Consistorio que le informe de si existía un correo electrónico genérico a través del cual recibía las ofertas para adquirir este tipo de productos —así como si los dos empresarios bajo sospecha utilizaron esa vía—, sino que también analiza la red de contactos que usaron los imputados para llegar hasta el área de Compras de la Administración. Quiere saber si recibieron un “trato de favor”, según ha dejado escrito en una de sus resoluciones.

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