Tras analizar las iniciativas de los gobiernos bipartitos de PP y Vox para derogar las leyes regionales de memoria y sustituirlas por otras llamadas “de concordia”, Naciones Unidas insta a España a que adopte “todas las medidas necesarias para garantizar el estricto respeto de los estándares internacionales de los derechos humanos en materia de preservación de la memoria histórica de las graves violaciones de los derechos humanos”. De momento, el Gobierno ya ha avanzado que llevará la ofensiva de la derecha y la extrema derecha contra las leyes de memoria al Constitucional y ha pedido amparo, además de a Naciones Unidas, al Parlamento Europeo y el Consejo de Europa.

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