Las pruebas documentales de un supuesto espionaje ilegal a los 69 diputados que Podemos logró en las elecciones de diciembre de 2015 han llegado a la Audiencia Nacional, donde el juez Santiago Pedraz investiga las maniobras de la denominada policía patriótica durante el mandato del Partido Popular contra sus adversarios políticos. El rastreo masivo que hicieron los agentes con cientos de consultas en bases de datos policiales entre 2015 y 2016 afectó al menos a 55 parlamentarios recién elegidos de Podemos, entre ellos Pablo Iglesias, Yolanda Díaz, Ione Belarra o Irene Montero.

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