Las comunidades del PP se han comprometido en la noche de este miércoles a asumir la acogida de 347 menores en el marco de un reparto voluntario que estaba pendiente de aprobación. Se trata de un cupo anual que se aprueba desde 2022 y que está dotado con 20 millones de euros en un sistema que se ha demostrado ineficaz. Reunidas en la Conferencia Sectorial de Infancia, que se ha celebrado en Tenerife, las consejeras de infancia populares han seguido una estrategia en bloque: la de desatascar esta acogida puntual, totalmente insuficiente para resolver la situación de Canarias, y posponer el debate sobre la reforma de la ley de extranjería con el que el Gobierno central y el de Canarias quieren imponer un reparto obligatorio. Cataluña ha sido la única en descolgarse del acuerdo y ha decidido abstenerse. La emergencia, por tanto, sigue sin solución a la vista y queda a la espera de que la propuesta de modificación llegue al Congreso y obligue a los populares, necesarios para que salga adelante, a posicionarse con su voto. Canarias, con 6.000 menores acogidos, ve lejana la posibilidad de poder distribuir los 3.000 menores que le facilitaría la ley. También Ceuta, que se ha declarado con una sobreocupación del 365%.

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