Cataluña fue la única comunidad autónoma que se descolgó del acuerdo del miércoles para el reparto voluntario de los menores migrantes que llegan a Canarias, un reparto que sigue siendo insuficiente ante la situación de sobreocupación que vive el archipiélago, que acoge a 6.000 menores y solo podrá derivar a 347. Con su abstención, el gobierno de la Generalitat rechazó firmar el acuerdo por el que tenía que acoger a 31 menores. ¿Por qué este Govern, que heredó y asumió muchos de los mensajes que salieron de la masiva manifestación “Volem acollir” de 2017, se niega a firmar este convenio? El consejero de Derechos Sociales, Carles Campuzano, ha rechazado en varias ocasiones, también en este periódico, que sea por insolidaridad. Afirma que el acuerdo no se basa en cifras actualizadas y que no tiene en cuenta el esfuerzo que ya hace Cataluña —la comunidad atiende a unos 7.000 jóvenes que llegaron solos, entre ellos unos 4.000 que ya son mayores de edad, pero que la Generalitat seguirá acompañando hasta los 23 años, siendo de las pocas comunidades que lo hacen— . Además, según el Govern, el convenio solo es un “parche” que no da una solución al problema y no dota a las comunidades de recursos suficientes.

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