La actual polémica sobre la acogida de inmigrantes, más allá del dudoso alcance humanitario de algunas decisiones políticas, ha tenido la virtud de poner de relieve que uno de los problemas más acuciantes del modelo de organización territorial es el desequilibrio vertical entre el Estado central y las comunidades autónomas, provocado a mi parecer por tres causas principales. La primera, que el Estado endosa a las comunidades, por razones de eficacia e inmediación, la gestión de competencias que llevan aparejadas políticas de gasto —piénsese en políticas sociales como la dependencia—. Segunda, que, según las opciones políticas de cada momento, el Parlamento ha procedido a modificar algunos tributos en cuya recaudación participan los territorios —señaladamente el IVA y los impuestos especiales, entre 2021 y 2024—, sin compensarlos por el impacto financiero experimentado. Tercera, que los anticipos que reciben los gobiernos autonómicos dependen de la estimación unilateral de Hacienda, que infravalora la recaudación y no tiene en cuenta ya no la evolución real de la economía, sino sus propias expectativas. Así, se estima que si entre 2012 y 2022 los ingresos autonómicos hubieran crecido igual que los del Estado —que no han dejado de aumentar—, las comunidades (sin el País Vasco y Navarra) habrían dispuesto de 111.727 millones de euros más. Así que la tan cacareada condonación parcial de la deuda autonómica —que ahora va a crecer con la subida de los tipos de interés—, debería ser vista no tanto como un privilegio, sino como un merecido alivio para sus sufridas tesorerías.

Seguir leyendo