Tras una larguísima negociación de un año y dos meses, PSOE y Junts han cerrado un acuerdo sobre inmigración con el que el Gobierno confía en estabilizar la legislatura. El pacto supone que el Estado delega en la Generalitat el control de fronteras, el asunto más delicado, además de los permisos de residencia y el control de los centros de internamiento de extranjeros. Según el texto de la proposición de ley que han firmado los dos grupos y se ha registrado hoy en el Congreso, “se delega en la Comunidad Autónoma de Catalunya las facultades de control de frontera relativas a la ejecución de la normativa del Estado en materia de devolución de personas extranjeras en el territorio de su comunidad autónoma” y por tanto los Mossos D’ Esquadra, la policía autonómica, “como policía integral, actuarán en los puestos habilitados para el acceso de personas extranjeras en puertos y aeropuertos, en colaboración con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad” y de acuerdo a los criterios establecidos en una junta de seguridad presidida por la Generalitat.

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