El PSOE y Junts han sellado este martes el acuerdo con el que el Estado delegará competencias estatales en inmigración a la Generalitat. El pacto, negociado con total secretismo hasta hoy, cambia los actores protagonistas de la gestión migratoria. Habrá ajustes en la emisión de autorizaciones de residencia y trabajo, pero sobre todo en las cuestiones más polémicas: fronteras y devoluciones. El texto dado a conocer por los socialistas aspira a llegar a 26.800 efectivos de la policía catalana en 2032, desde los cerca de 19.000 actuales, y delegar en ellos la gestión de los centros de internamiento de extranjeros (CIE) y el trámite o la ejecución de las devoluciones, funciones hasta ahora en manos de la Policía Nacional. El acuerdo no contempla la delegación del control de fronteras, sino una pequeña parte, como el control documental.

Seguir leyendo