El Gobierno da por hecho que el PP no va a facilitar la acogida de los menores migrantes que se encuentran hacinados en Canarias y Ceuta. “Van a dar la batalla. […] No están por la labor […] Esto es obligado, es una ley”, alertaban fuentes gubernamentales el pasado jueves en el Congreso. La solidaridad es, efectivamente, obligatoria por ley, pero la beligerancia de los populares con este asunto ha puesto al Ejecutivo sobre aviso. Tras convalidarse el cambio de la ley la semana pasada en el Congreso, los diferentes ministerios implicados trabajan ahora en el reglamento con el que se definirán las condiciones y el proceso de reubicación de los niños, la letra pequeña de los traslados. Y ese texto, a cuyo borrador ha tenido acceso EL PAÍS, recogerá, según fuentes gubernamentales, los escenarios y las responsabilidades ante posibles incumplimientos.

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